Comunicado contra la violencia policial en las manifestaciones contra la financiación de las JMJ

La Asamblea Popular de la Guindalera expresa su rotundo rechazo a la violencia ejercida por la policía en Madrid los días 17, 18 y 19 de Agosto durante la manifestación contra el uso de dinero público para financiación de las JMJ y las posteriores marchas en condena de la violencia policial. Responsabilizamos a la pésima gestión de la Delegación de Gobierno y a las fuerzas de seguridad, que dieron lugar a que los manifestantes se juntaran con los peregrinos al entrar en la Puerta del Sol (parte del recorrido autorizado de la manifestación hacia su regreso a la plaza de Tirso de Molina) generando momentos de tensión.

Cuando la manifestación transcurría sin incidentes y con un ambiente festivo, la dejación de los policías allí desplegados propicio que grupos de extrema derecha (fácilmente identificables por que portaban banderas preconstitucionales) y ultraconservadores religiosos increparan a los manifestantes y no permitieran el transcurso normal de la manifestación. Tras esto, la brutalidad policial traspasó todos los límites permitidos en cualquier estado democrático, reprimiendo una marcha legalmente autorizada, agrediendo e intimidando gravemente a los manifestantes, e impidiendo realizar su trabajo a periodistas, a los que llegaron a insultar e imponer sanciones.

Este comportamiento, además de moralmente inadmisible, vulnera al artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que indica que todo miembro de la policía debe actuar con “absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”. Esta misma regulación añade que debe “observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger” y que “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención”, cosa que no ha ocurrido en estos días como demuestran numerosos documentos gráficos y audiovisuales.

Por todo lo dicho, la Asamblea exige la dimisión de la delegada de gobierno María Dolores Carrión así como una investigación que depure responsabilidades a todos cuantos han tomado parte en los citados acontecimientos, tomándose las medidas pertinentes que garanticen que estos hechos no vuelvan a producirse.

Lejos de amedrentarnos, esos hechos nos reafirman en la construcción de un mundo mejor y más justo, donde los ciudadanos recuperemos el control de nuestras vidas.

¡La Guinda vive!. ¡La lucha sigue!

Atentamente

Asamblea Popular de La Guindalera

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